Medidas para mejorar una Justicia en crisis

Reformar la Justicia española y su sistema judicial son prioridades del nuevo Gobierno. El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene muy claro que es imprescindible modernizar la Justicia realizando la interconexión tecnológica de los juzgados, renovar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, así como incorporar medidas para agilizar la profesión.

Mas nos vale que se comiencen esta reforma cuanto antes porque según los indicadores del Informe 2011 del Observatorio de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Wolters Kluwer, los asuntos concernientes a esta materia van de mal en peor en España. El Observatorio revela que la situación ha empeorado levemente respecto a años anteriores ya que en 2007 dejó de atenderse el 4,6% de los asuntos, mientras que en 2010 ascendió al 15,4%). También se pone de manifiesto que los tribunales españoles atienden cerca de 10 millones de asuntos (seis veces más que en Francia). En definitiva, no hay recursos suficientes para tramitar este volumen.

Sin duda, España necesita un nuevo modelo de Justicia que se adapte al siglo XXI. Pero ¿cómo debe ser ese modelo? En la presentación del Observatorio se expusieron algunas medidas concretas:

- Racionalización de los costes, limitando los abusos en el acceso a la Justicia Gratuita, extendiendo a las personas físicas el pago de tasas judiciales, fortaleciendo la ejecutividad de ciertos títulos, como las facturas, e incentivando el uso sostenible de la Justicia y los sistemas extrajudiciales de composición de conflictos. (Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional y director del Observatorio)

- La transformación de la Justicia no tiene que suponer necesariamente una gran inversión; el problema no es económico, sino organizativo. Restringir la creación de nuevos juzgados (la puesta en marcha de cada uno supone un coste de 300.000 euros). (Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial)

- Hacer un nuevo Pacto de Estado para la Justicia y un Pacto de Estamentos, incluyendo a ingenieros, administradores de empresas y universidades. Hacer una Ley Orgánica que regule el Estatuto de la Abogacía, igualando el status al de jueces, fiscales y secretarios judiciales. (Luis Rodríguez, presidente del Consejo de Procuradores)